La situación legal del exvicepresidente José Gabriel Carrizo vuelve a estar en el centro del debate judicial. Este jueves compareció ante el Tribunal Superior de Apelaciones, en Plaza Fortuna, bajo custodia policial, luego de que el Ministerio Público solicitara un cambio en la medida cautelar que actualmente cumple.
La Fiscalía está pidiendo que Carrizo pase de arresto domiciliario a detención preventiva, lo que implicaría su traslado a un centro penal mientras continúa la investigación.
Su abogado, Pedro Meilán, sostuvo que no existe riesgo de fuga. Argumentó que el exvicepresidente se presentó voluntariamente cuando fue requerido por las autoridades, notificó su regreso al país y que sus movimientos migratorios están debidamente registrados, señalando que siempre retornó a Panamá.
La defensa también cuestionó el sustento probatorio del Ministerio Público, señalando que la principal evidencia es una auditoría que plantea supuestas inconsistencias relacionadas con líneas de crédito, pagos de apartamento, intereses, actividades agropecuarias y donaciones familiares. Según Meilán, toda esa información cuenta con respaldo y trazabilidad bancaria.
Para sustentar su solicitud de endurecimiento de la medida, el Ministerio Público podría apoyarse en una fotografía del exvicepresidente que ha circulado en los últimos días, en la que aparece en una playa del país.
En enero de este año, el MP ordenó la captura del exvicepresidente para que compareciera ante las autoridades por un caso de presunto enriquecimiento injustificado.
